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miércoles, 3 de marzo de 2010

Petróleo y gas en el Chaco: nueva amenaza para pueblos originarios, campesinos y bosques nativos


"Nada bueno puede esperarse de una virtual 'patagonización', es decir, de la importación lisa y llana del modelo de gestión y explotación de hidrocarburos que rige en las provincias patagónicas"

Diego Pérez Roig
Observatorio Petrolero Sur

Hace exactamente un mes publicamos un informe sobre las motivaciones y los riesgos que conllevan las labores de exploración de hidrocarburos -y eventual explotación- que se pondrán en marcha en la provincia de Entre Ríos. Precisamente, el mismo día en que se firmaron esos contratos, la multinacional española Repsol-YPF también cerró acuerdos con Formosa y Chaco.

Si bien muchas de las circunstancias que enmarcan la iniciativa son similares, en el caso chaqueño se conjugan factores adicionales -agravantes, diríamos-, que dificultan aún más la proyección sustentable de la extracción y explotación de hidrocarburos.

1. El plan exploratorio oficial

El primer paso para la exploración, y posterior explotación, de hidrocarburos en territorio chaqueño tuvo lugar a fines de julio de 2008. En un acto encabezado por el gobernador Jorge Capitanich -que contó con la presencia del vicepresidente ejecutivo de YPF, Sebastián Eskenazi- se hizo público el decreto 1884/08, que autoriza “al Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente a otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, almacenaje y transporte, de hidrocarburos existentes en el territorio provincial”[1].

En aquella ocasión Capitanich aseguró que la iniciativa marcaba las amplias expectativas de la provincia de hallar yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Lo que se buscaba, a fin de cuentas, era establecer los mecanismos de oferta, condiciones y áreas de exploración y pago de regalías[2].

En octubre del mismo año el decreto fue cuestionado por diputados de Alianza Frente de Todos, quienes exhortaron al Ejecutivo Provincial a abstenerse de realizar servicios de exploración y explotación sin dar cumplimiento a lo establecido constitucionalmente. A tales efectos mencionaban el artículo 41 de la Constitución Provincial, que prevé que la provincia autorice o lleve adelante actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, “previa ley aprobada por los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura”[3].

Sin embargo, y más allá de las formalidades, no hubo cuestionamientos de fondo al proyecto. De hecho, uno de los diputados en cuestión, Marcelo Castelán, sostuvo que estaban de acuerdo en que la provincia del Chaco se lanzara a la búsqueda de interesados en explorar hidrocarburos en suelo provincial. Y finalizó, “si hay petróleo, debe ser una fiesta para todos los chaqueños”[4].

Finalmente, el 29 de diciembre de 2008, la Cámara de Diputados provincial dio nuevo impulso a la iniciativa oficial. Sancionó el cambio de estatuto de la empresa provincial de energía (S.E.CH.E.E.P.), permitiendo su asociación con capitales privados. Y la ley Nº 6278/08 estableció al Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente como órgano de aplicación, autorizó la forma de concesión por concurso y ratificó el decreto 1884/08[5].

Mecanismo de asignación y acuerdos
El mecanismo de asignación de áreas ha sido uno de los puntos más “novedosos” del actual plan exploratorio. De acuerdo a lo difundido oficialmente[6], el territorio provincial fue subdividido en doce áreas de exploración –denominadas Chaco 1, 2, 3, etc.-, tomando como referencia los bloques que en su momento conformaban el denominado Plan Argentina, con posibilidad de modificación de acuerdo a las propuestas recibidas. Posteriormente, “los potenciales interesados [deberían] realizar una oferta de asociación al Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente para explorar y eventualmente explotar hidrocarburos”[7]. Si la propuesta resultara satisfactoria, la provincia firmaría un acuerdo con el interesado, que luego sería “ampliamente difundido” para ser mejorado por terceros.

El 30 de enero de 2009 el gobernador Jorge Capitanich suscribió contratos para la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en el Chaco con los representantes de YPF y Unitec Energy S.A. “Esta contratación se [enmarcó] en dos iniciativas del Poder Ejecutivo que [estuvieron] fuertemente ligadas a la actividad energética e hidrocarburífera. La primera fue la ampliación por ley de la razón social de Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (S.E.CH.E.E.P.), que [permitiría la incursión de la empresa] en la actividad petrolífera; la explotación de gas y la comercialización de combustibles. La segunda [fue] la modificación de la Ley de Hidrocarburos [Nº 6.278/08], que permitió descentralizar la exploración y la explotación de estos recursos”[8].

Los contratos firmados correspondieron a seis de las doce áreas en las que se había loteado la provincia. En los hechos, la “amplia difusión” aludida se restringió a la publicación de los acuerdos arribados en el Boletín Oficial del 9 de febrero de 2009:

- Áreas CH B1 (9.600km²), CH B3 (7.150km²) y CH B4 (7.040km²), en el sur/sureste de la provincia: acuerdos firmados por la Provincia del Chaco, S.E.CH.E.E.P. y Unitec Energy, consistentes en la conformación de una UTE entre las dos empresas, que tendrían el 5% y el 95% de participación en la exploración, manteniendo los porcentuales en una eventual explotación.

- Área Santa Sylvina, CH B2 (10.000km²), en el sur/sudoeste de la provincia: acuerdo firmado por la Provincia del Chaco, S.E.CH.E.E.P., YPF S.A. y Unitec Energy S.A., consistente en la conformación de una UTE entre las tres empresas, que tendrían el 10%, 45% y 45% respectivamente de participación en la exploración, manteniendo los porcentuales en una eventual explotación. Este bloque agrupa las áreas originalmente denominadas Chaco 9, Chaco 11 y Chaco 12, que son las que registran antecedentes de exploración.

Proyecto de ley Nº 943/09
En mayo de 2009 el Gobernador Jorge Capitanich envió a la Cámara de Diputados provincial el proyecto de ley Nº 943/09, con el propósito de ratificar los acuerdos firmados en enero entre el Gobierno de Chaco, YPF S.A., S.E.CH.E.E.P. y Unitec Energy S.A. Luego de dos sesiones extraordinarias realizadas en diciembre, el proyecto fue remitido a la Comisión de Legislación General, que volverá a tratarlo durante este mes. A propósito de esta iniciativa, el legislador del Frente Grande, Fabricio Bolatti, sostuvo que es importante “avanzar en lo que sería un escenario futuro respecto a si se encuentra el hidrocarburo, ya que tendremos la explotación en manos de empresas privadas, cuando lo mejor sería que el pueblo del Chaco sea el beneficiado”[9].

El 9 de febrero Capitanich rubricó un nuevo acuerdo con el vicepresidente ejecutivo de YPF S.A., Sebastián Eskenazi. Durante la reunión el mandatario remarcó: “este convenio que acabamos de firmar entre S.E.CH.E.E.P. e YPF para la explotación de áreas que no fueron adjudicadas por no tener oferta, contribuye a la identificación de las potencialidades. Por eso, constituye un avance cualitativo de la cuenca hidrocarburífera de [la] provincia”[10]. Es decir que todo el territorio provincial que no hubiese sido comprendido por los acuerdos de enero de 2009 -que el proyecto de ley Nº 943/09 busca ratificar-, es pasible de exploración y explotación hidrocarburífera.

Los reparos a la ley generaron desgajamientos en el bloque oficialista. Inocencia Charole es la primera diputada provincial de origen toba, formó parte de la lista Frente Chaco Merece Más -que acompañó la candidatura de Jorge Capitanich-, pero sin embargo anunció que votará en contra de la ley de hidrocarburos. Argumentó que el proyecto no tiene un procedimiento transparente, quedando muchos interrogantes sin contestar: “¿Qué pasa con las ganancias?, ¿Cuál es el porcentaje que queda a los chaqueños?, ¿Qué pasa con los territorios que tienen petróleo donde están las reservas indígenas?, ¿En qué y cuánto se beneficia nuestro pueblo? ¿O sólo nos utilizarán en mano de obra barata?”[11].

2. Expansión de la frontera hidrocarburífera y economía chaqueña

La provincia de Chaco se encuentra inmersa en un proceso de selección y oferta de áreas secundarias para la exploración hidrocarburífera que abarca numerosas provincias desde hace aproximadamente tres años[12].

En efecto, a partir de la promulgación del decreto 546/03 y la sanción de la ley corta 26.197/06, ambas bajo la presidencia de Néstor Kirchner, muchas provincias encararon el dominio de sus recursos y se lanzaron en una agresiva campaña a licitar zonas de exploración y explotación[13]. Actualizaron sus legislaciones internas y otorgaron exenciones impositivas para atraer al capital privado, convirtiéndose en las nuevas interlocutoras de la industria petrolera. Así, motivadas por el alza en el precio de barril de crudo y la caída del horizonte de reservas del país, vieron en el petróleo una nueva fuente de ingresos frente a los crecientes déficits fiscales.

Como trascendió en diversos medios de prensa, en la reunión de noviembre del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal en el Palacio de Hacienda, “los ministros de Economía provinciales plantearon desesperados reclamos de fondos a la administración nacional. En varios casos, apelarán a adelantos de coparticipación o al Programa de Asistencia Financiera (PAF) para pagar salarios de este año”[14]. Finalmente, veinte administraciones cerraron el 2009 con números rojos, y solamente cuatro distritos lograron superávit financiero. La situación, que no ocurría desde la crisis de 2001/2002, revierte lo registrado hace apenas tres años, cuando precisamente veinte provincias exhibían resultados positivos[15].

De acuerdo al Informe de Provincias[16] de la consultora Delphos Investment, la relación Resultado fiscal 2009 (estimado) / PBG provincial, habría colocado a Chaco en la quinta peor posición, detrás de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca y Jujuy. Ante los crecientes déficits y la falta de financiamiento, “algunas provincias comenzaron a indagar alternativas financieras para pagar deudas con proveedores con bonos […] Luego de que la Nación girara fondos a Corrientes y Córdoba, los distritos más comprometidos son Chaco y Formosa”[17].

En 2009 la provincia se debatió entre la más grave sequía de los últimos cuarenta años -que afectó particularmente las localidades de Juan José Castelli, Quitilipi, Sáenz Peña, al noroeste- y las inundaciones sobre la margen del río Paraná -localidades de Isla del Cerrito, Colonia Benítez, Barranqueras, Puerto Vilelas y Antaqueras[18]. En octubre la Federación Chaqueña de Asociaciones Rurales estimó que las pérdidas de ganado podrían alcanzar las 230.000 cabezas[19]. Respecto a la agricultura, el desalentador panorama haría centrar todas las esperanzas en la soja, para la cual se dedicarían alrededor de 800.000 hectáreas, acentuando la tendencia al monocultivo[20]. Finalmente, el 20 de enero el gobernador decretó la emergencia agropecuaria[21].

Más allá de la influencia que esta coyuntura particular pudiera haber ejercido sobre las cuentas públicas, existe un movimiento que es general y pronunciado: Chaco no escapa a las recurrentes caídas del superávit que el conjunto de las provincias vienen experimentando desde el segundo trimestre de 2004, y que en 2009 culminó con preocupantes déficits[22].

La situación se explica a partir de dos fenómenos fiscales concomitantes. “Cada año el porcentaje de fondos transferidos automáticamente a las provincias va disminuyendo y ganan terreno los giros discrecionales, no regulados por ley alguna. En el 2009, los fondos coparticipados a las jurisdicciones alcanzarían el 24% de la Recaudación total del Gobierno Nacional, diez puntos por debajo de lo establecido por ley. Incorporando las transferencias discrecionales y la coparticipación del 30% de las retenciones a la soja, el porcentaje sería levemente superior al 29%. La caída progresiva en las transferencias automáticas se debe al cambio en los últimos años de la estructura de ingresos de la Nación (por ejemplo, retenciones a las exportaciones e “impuesto al cheque”) y la no adecuación de la legislación […] La situación fiscal de las provincias es insostenible y además la distribución primaria está muy alejada (y apartándose cada vez más con el correr de los años) de lo dictado por la [Ley de Coparticipación Federal] Nº 23.548[23]”.

Por otro lado, en un reciente informe, la consultora Economía & Regiones señala el progresivo aumento del gasto público en las veintitrés provincias y la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2003. “En relación a 2008, el incremento del gasto público alcanzaría al 19,3%, unos $27.900 millones adicionales, [por lo que] habría alcanzado a $173.131 millones, equivalente al 14,8% del PIB nacional, la mayor participación de los últimos diez años”[24]. La región del NEA, que Chaco integra junto a Corrientes, Formosa y Misiones, es una de las que menos contribuye al gasto consolidado provincial con un 9%. No obstante, es una de las más castigadas por las reformas neoliberales de la primera mitad de la década del 90’, que transfirieron la provisión de salud y educación de la órbita Nacional hacia las provincias; en el NEA el 70% de las erogaciones provinciales se destina a tales efectos.

El informe también señala al NEA como la región que mayor proporción del gasto destina al pago de servicios de deuda, con un 3%. En el caso particular del Chaco, el propio gobernador señaló que sobre las cuentas públicas pesa una abultada deuda de $5.000 millones, que demanda pagos anuales de unos $600 millones por capital e intereses[25].

Debemos destacar, además, que el proceso de reformas administrativas que afectó las capacidades recaudatorias y la situación fiscal de las provincias, se enmarca en una reconfiguración general del papel de Argentina como proveedora de materias primas para los grandes centros de consumo a nivel mundial. Las ruinosas consecuencias que este “nuevo” modelo ocasionó a muchas economías regionales –modelo que en realidad tiene bastante de viejo, ya que en numerosos aspectos retrotrajo al país al siglo XIX-, se cuentan hoy en pobres, indigentes y desnutridos.

Dicho esto, en nada debería sorprender que Chaco busque en las regalías hidrocarburíferas un salvavidas que alivie su comprometida situación económica y social.

3. Antecedentes

La provincia de Chaco cuenta con escasos antecedentes de exploración hidrocarburífera. De acuerdo a un trabajo de la Comisión de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG)[26], entre 1933 y 2007 se efectuaron 38 pozos exploratorios en la Cuenca Chacoparanaense, de los cuales tan sólo seis tuvieron lugar en Chaco[27]:

-Año: 1942 / Empresa: YPF / Lugar: Charata / Profundidad del pozo: 1716 m.

-Año: 1950 / Empresa: YPF / Lugar: Las Breñas / Profundidad del pozo: 2058 m.

-Año: 1965 / Empresa: YPF / Lugar: Las Breñas Oriental / Profundidad del pozo: 2887 m.

-Año: 1966 / Empresa: YPF / Lugar: Las Breñas / Profundidad del pozo: 1814 m.

-Año: 1969 / Empresa: YPF / Lugar: Gancedo / Profundidad del pozo: 2558 m.

-Año: 1991 / Empresa: Pluspetrol / Lugar: Pampa Bandera / Profundidad del pozo: 3972 m.

Luego del loteo efectuado por el gobierno provincial, los pozos han quedado comprendidos en las áreas Chaco 11 (Charata y Las Breñas), Chaco 9 (Gancedo), y Chaco 4 (Pampa Bandera).

Proyecto Sur Chaco denunció recientemente la existencia de un pozo petrolífero cerca de Pampa Verde, que ya estaría señalizado y listo para explotar. En 1991 habrían encontrado gas, y según se comenta, esa temporada los dueños del campo recibieron un jugoso subsidio por no poder sembrar. Según la investigación: “Antes de que se realice la exploración habrían sido visitados por personas de origen estadounidense las cuales, a través de un traductor, les ofrecieron un millón de dólares para comprar una fracción del campo en la que posteriormente se realizaría el pozo. […] El lugar fue visitado hace 9 meses por un ingeniero que decía pertenecer al gobierno provincial, visita que fue repetida hace 3 meses. A 4 o 5 kilómetros unos lugareños declararon que el agua de pozo que extraen ya no la consumen porque a veces sale con olor como a ‘kerosene’. Podría ser otra prueba de que existe un yacimiento en esa zona”[28]. Y un indicio de los “cuidados ambientales” que tomarán.

4. “Pampeanización” y desmonte

El avance sobre El Impenetrable
El territorio de la provincia del Chaco se encuentra comprendido dentro de la cuenca sedimentaria Chacoparanaense (o Noreste), y dividido entre dos ecorregiones: el “Chaco seco” al noroeste, y el “Chaco húmedo” al sudeste. De acuerdo al Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos[29], Chaco forma parte de la región fitogeográfica Parque Chaqueño –que comparte con Formosa, Santiago del Estero, y partes de Santa Fe, San Luis, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba y Corrientes.

Si bien la explotación forestal se remonta a la época colonial, recién a mediados del siglo XIX adquirió un carácter mercantil. “Hacia 1860 un nuevo escenario se ofrecía en el panorama mundial y las vastas llanuras argentinas encontraron su ubicación dentro del esquema de división internacional del trabajo característico de la época. La propagación de los establecimientos ganaderos significó la incorporación de los molinos de viento, los abrevaderos metálicos e instaló la práctica del alambrado, inexistente hasta [el momento] y fue entonces necesario el uso de enormes cantidades de postes y varillas de madera dura. Miles de kilómetros de vía férrea se asentaron sobre durmientes de quebracho y el consumo de leña y carbón como combustible industrial y doméstico se incrementó exponencialmente. Todo ello a expensas de la madera del bosque chaqueño […] En esta misma época los capitales extranjeros invertían comprando tierras en nuestro país, ya sea para ganadería y agricultura como para explotación forestal y en este último caso la tala de árboles, especialmente el quebracho colorado y el ñandubay, fue indiscriminada”[30].

Se estima que entre 1888 y 1943, la extensión del área cultivada pasó de 2.460.000 a 27.300.000 de hectáreas. “La expansión de la frontera agropecuaria se hizo a expensas del bosque, se expandieron el cultivo del algodón en el Chaco y las plantaciones de tabaco en Salta y Jujuy, todo ello en áreas desmontadas”[31].

En la década de 1970 comenzó la “cerealización” de la pampa húmeda, y con ella, un nuevo proceso de presión sobre los bosques de la región chaqueña, que dieron cobijo a las explotaciones ganaderas que fueron empujadas hacia zonas marginales. Los investigadores Walter A. Pengue (UBA) y Jorge H. Morello (CONICET) señalan que “este proceso de ganaderización ha sido menos drástico en la forma de producir el desmonte que los que le siguieron, de agriculturización y pampeanización, ya que la sombra para la rumiación y ventilación de los animales en verano, demandaban la conservación de franjas entre las fajas de pastizales implantados y la conservación de isletas de monte eran prácticas generalizadas”[32].

En efecto, la expansión territorial de la agricultura argentina –fundamentalmente de la mano de la soja a partir de la década de 1990- no se limita en la actualidad a la ecorregión pampeana, sino que ha penetrado en otras como la chaqueña, “de una manera y a una velocidad inédita transformando paisajes y estructuras urbanas de una manera irreversible. La ‘pampeanización’ como proceso de importación del modelo pampeano sobre ecorregiones como el Chaco, que tienen otras funciones productivas y otras características ecológicas y sociodemográficas muy diferentes, es un cambio productivo insostenible que sólo puede producirse de la mano de la incorporación de nuevas tecnologías, formas de manejo, capital y demanda externa que sólo se sostiene por el precio de la materia prima, implantado sobre muchas áreas que previamente eran ricas en biodiversidad”[33].

En la actualidad, y de acuerdo al informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, los principales problemas de la región convergen en torno a:

-“Un aumento de las áreas agrícolas de medianas y grandes empresas, cuya tecnología resulta incompatible con el bosque nativo;

-La degradación de los bosques y suelos en las áreas más secas del chaco semirárido con sistemas ganaderos extensivos;

-Aumento de la salinización de los suelos por malas prácticas agrícolas y de riego, sobre todo en los límites entre el chaco semirárido y el húmedo;

-El aumento de la colmatación en esteros, bañados y lagunas por erosión hídrica y el incremento de las inundaciones en áreas de relieve más bajas, debidos al sobrepastoreo y sobre todo a las malas prácticas agrícolas, en especial en la subregión húmeda;

-El aumento de la contaminación por uso y abuso de agroquímicos en áreas agrícolas (soja, algodón, arroz, etc.) con expansión de sus efectos por vía hídrica a ambientes circundantes”[34].

Diversas estimaciones apuntan la pérdida de más de 2.500.000 de hectáreas de bosques nativos a nivel nacional en los últimos diez años, siendo el Parque Chaqueño la región más depredada: “allí se produce cerca del 70% de la deforestación anual de todo el país, y su región semiárida se encuentra al borde de la pérdida total de sus masas boscosas”[35].

A los efectos de cumplir con lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (o “Ley de Bosques”), el gobierno del Chaco realizó una Propuesta de Ordenamiento Territorial a fines de 2008. A pesar de la crítica situación provincial, las autoridades decidieron declarar como área protegida únicamente al 5% (271.438 has.) de los bosques, y exponer a más del 40% (2.039.648 has.) al desmonte parcial o total.

Luego de duras críticas por parte de organizaciones sociales y ambientalistas, se sancionó en la Legislatura local un nuevo ordenamiento que elevó a poco más de un magro 9% (501.958 has.) el área en la que no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal y silvopastoril.

Los Bajos Submeridionales
De los acuerdos suscriptos en febrero de 2009, se deduce que el bloque con mayor prospección es el Área Santa Sylvina, que será explotado conjuntamente por Unitec Energy, Repsol-YPF y S.E.CH.E.E.P. No en vano es el que registra cinco de las seis perforaciones hechas en territorio chaqueño por la YPF estatal.

Sin embargo, la zona no sólo tendría potencial hidrocarburífero, sino que también alberga parte de los Bajos Submeridionales, uno de los humedales más importantes del territorio nacional -comprendido por el Sistema Acuífero Guaraní-, y refugio de numerosas especies animales y vegetales. Un informe preparado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos (dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación), señala que son naturales los períodos de sequías e inundaciones debido a la gran irregularidad en las precipitaciones mensuales y la falta de una red de escurrimiento definida y organizada[36]. Esto haría que el humedal funcione regionalmente “como un inmenso colector de agua, vital en la dinámica del río Salado”[37].

La “pampeanización” de la zona ha causado severos impactos, en primer lugar con el avance de la frontera agrícola y el reemplazo de grandes extensiones antiguamente recubiertas por monte, y en segundo lugar, a partir de la reciente construcción de una red de canales de desagüe. “Esta obra, que ha adquirido proporciones ecosistémicas, amenaza el funcionamiento del ambiente y afecta las economías locales, dado que altera la capacidad natural del humedal para regular el nivel de las aguas y con ello sus aptitudes productivas”[38].

Vale la pena destacar que la búsqueda y extracción de petróleo en los Bajos Submeridionales no correría únicamente por cuenta de la provincia del Chaco. La empresa Raiser S.A. comenzó tareas de exploración en el norte santafesino en septiembre de 2008. Los acuerdos firmados por el gobernador Hermes Binner tuvieron tal grado de sigilo que la iniciativa trascendió recién dos meses antes de iniciarse la prospección. Esto motivó en su momento un pedido de informe de carácter urgente de la cámara de diputados provincial al poder ejecutivo provincial.

Sin consulta a pueblos originarios
El virtual loteo de la provincia tampoco tuvo en cuenta la posesión y propiedad de los territorios de los pueblos Toba, Wichí y Mocoví. Sería demasiado extenso detallar todas las violaciones de normas constitucionales, tratados internacionales y leyes del Estado Nacional y provincial, en las que la iniciativa petrolera incurre. A modo de reseña, podemos señalar algunas de las más graves.

En primer lugar la Constitución Nacional -artículo 75 inciso 17- reconoce “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y el derecho a recibir otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, estableciendo que “ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. La Carta Magna también asegura el derecho de los pueblos indígenas a “la participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”[39].

Por otro lado, el Convenio 169 de la OIT -que Argentina ratificó mediante la ley 24.071- reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la consulta previa, libre e informada, participación, e inclusive, la obtención de beneficios que se deriven de la explotación de recursos naturales en los lugares que tradicionalmente habitan.

Finalmente, la ley provincial Nº 3258, establece en su artículo 12 que “las tierras adjudicadas en propiedad a las familias y comunidades indígenas no podrán ser usadas o explotadas directa o indirectamente por personas ajenas a la comunidad, físicas o jurídicas no indígenas”.

5. La nueva burguesía petrolera: el Grupo Eurnekian

Al calor de sucesivas administraciones provinciales –entre las que se destacan las de los radicales Ángel Rozas y Roy Abelardo Nikisch, y el justicialista Jorge Capitanich- proliferaron las tierras dedicadas al monocultivo y a la ganadería, a costa de las que debían ser asignadas a comunidades indígenas o criollos campesinos. De acuerdo a datos del Instituto de Colonización chaqueño, la provincia perdió el 80% de sus tierras fiscales entre 1994 y 2007[40].

“Por la burocracia y la corrupción que campean en los organismos del Estado, los desmontes terminaron por ser grandes emprendimientos que benefician a sectores concentrados del poder económico, con el último gran beneficio derivado del anonimato de las sociedades organizadas para devastar el ambiente y la biodiversidad del Chaco”[41]. Uno de los grandes favorecidos por esta situación ha sido el Grupo Eurnekian.

Corporación América y los recursos hídricos
Unitec Energy S.A. forma parte de Corporación América, firma que nuclea empresas de diversos rubros y cuyo dueño mayoritario es Eduardo Eurnekian. Entre otras empresas se encuentran Unitec Bio –productora de biocombustibles y gran beneficiaria del corte del 5% de nafta y gasoil con etanol y biodiesel vigente desde el 1º de enero- y Unitec Agro. Esta última nació a mediados de la década de 1990 y actualmente posee alrededor de 100.000ha en las provincias de Chaco y Formosa, en las que cultiva soja, girasol, trigo y maíz[42].

No resulta llamativo que los acuerdos de enero de 2009 incluyeran la exploración de cauces de aguas subterráneas, con el propósito de “promover sistemas de manejo integral y sustentable de los recursos hídricos que permitan aumentar la productividad del sector agropecuario”[43]. El negocio no resulta ajeno al Grupo Eurnekian, que ya cuenta con un acueducto de 273km en la región.

6. “No a la entrega del petróleo”

El 26 de enero se conformó la Multisectorial, coordinadora de lucha que agrupa un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas que se oponen a la entrega del agua y el petróleo chaqueños. En el documento No a la entrega del petróleo se señala que en el marco de la privatización y la venta de YPF, llevada adelante por el gobierno de Carlos Menem en la década del 90’, el actual gobierno de Capitanich “envió a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley con un sólo punto: ratificar el contrato de concesión firmado por el Frente Chaco Merece Más con REPSOL [YPF] y UNITEC ENERGY para la exploración y explotación del petróleo en la provincia”.

“Nosotros denunciamos [como] fraudulenta la forma en que se avanzó con dichos contratos, porque nunca se debatió si queríamos una empresa Estatal o las Multinacionales, no consentimos el solapado mecanismo al que le llaman ‘concurso’ pero es una adjudicación directa y porque no se dio a conocer cuál es el contrato firmado, cuál es la resolución que establece la forma del ‘concurso’ y porqué se incluye a S.E.CH.E.E.P. como socia boba de las multinacionales”, continúa el escrito. “Pero fundamentalmente cuestionamos y nos oponemos profundamente a que las cuantiosas rentas del petrolea sean ‘entregadas’ a las grandes concentraciones económicas de adentro y de afuera”, concluye[44].

Danilo Ismael “Polo” Legal participó en los primeros actos de resistencia a la iniciativa gubernamental y es integrante de la Multisectorial. En diálogo con el OPS señaló que “el viernes 19, se fundó una nueva Multisectorial en defensa del petróleo con compañeros de Proyecto Sur, del movimiento [Unión Campesina] Poriajú y el PC [Partico Comunista] en la segunda ciudad del Chaco, Presidencia Roque Sáenz Peña, pero lamentablemente los diarios se negaron a publicar nada de ese importante evento”.

Consultado acerca de las consecuencias de la movilización, sostuvo: “los diputados radicales y de Libres del Sur nos recibieron y afirmaron que por ahora no van a aprobar la ley, [y] que propiciarán un gran debate público antes. [De hecho] Carlos Martínez de Libres del Sur[45] ratificó que no va a votar esta ley. Al otro día también tuvimos la grata sorpresa de que la diputada Inocencia Charole, que representa a los pueblos originarios a través del partido oficialista, expresó que no va a aprobar esta ley porque no es clara y atenta contra derechos aborígenes, [declarando además] que en otros temas como el desmonte […] el gobierno tampoco avanzó nada”.

Luego añadió que la ley Nº 943/09 “necesita de los dos tercios de los diputados para aprobar los contratos, y el gobierno por ahora está complicado. Acá es importante la decisión del radicalismo, que primero aprobó las dos primeras leyes [que sentaron las bases para esta política energética], pero ahora que se hizo público el tema está queriendo ‘preocuparse’ por los recursos naturales”.

Por otro lado, Legal denunció que “en el mes de enero el Gobernador dijo que el tema de los contratos petroleros lo iba a someter a debate en dos localidades lejanas de la capital, Charata y Las Breñas, porque dice que allí habría petróleo. De esta forma confirmamos que se está escondiendo información, y se está pagando a las petroleras por explorar donde ya se sabe que hay [hidrocarburos], o en el peor de los casos, premiando a Repsol-YPF, [a pesar de] no haber cumplido con sus obligaciones contractuales de exploración”.

7. De la “pampeanización” a la “patagonización”

En el informe que dedicamos a la posible explotación de hidrocarburos en Entre Ríos señalábamos que buena parte de los riesgos socio-ambientales no descansaban ya en la (probable) negligencia gubernamental y empresarial, sino en la contradicción capital-naturaleza. En aquella oportunidad decíamos que “la caída del 60% en las ganancias operativas de Repsol-YPF (que la llevó a una fuerte disputa interna entre accionistas por la reducción de dividendos) y la consabida avidez de utilidades que tal situación acarrea, los elevados costos de exploración y explotación que impone la región, y la imperiosa necesidad de recursos que experimenta la administración local, plantean severas dudas respecto de una explotación sustentable de los recursos hidrocarburíferos, si tal cosa existiese. Los cuidados y controles ambientales […] harían inviable el proyecto desde el punto de vista económico. Por otro lado, la externalización de estos costos pondría en grave peligro al medio y las producciones locales […] será imposible conjugar el interés económico empresarial con la sostenibilidad socio-ambiental”[46]. En este sentido, creemos que en el Chaco -como en todo el país- la pelea no debería reducirse únicamente a la apropiación de la renta petrolera, sino que sería sumamente saludable si avanzase sobre cuestionamientos de fondo respecto a su generación.

Así las cosas, basta con observar el saldo sumamente negativo, en términos sociales y ambientales, de las industrias extractivas que actualmente operan en el territorio provincial, producto de la aludida “pampeanización”. Con este antecedente, no es aventurado sostener que nada bueno puede esperarse de una virtual “patagonización”, es decir, de la importación lisa y llana del modelo de gestión y explotación de hidrocarburos que rige en las provincias patagónicas.

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